LINCHAMIENTOS, RESPUESTA POPULAR ANTE LA INEFICACIA Y LA DEBILIDAD DEL ESTADO

Por Blanca Padilla

La reaparición de los linchamientos en México a partir de los años 80 y su incremento desde mediados de los 90, obedece a múltiples factores, aunque destaca el quiebre de un monopolio normativo mantenido, aunque de manera autoritaria, por más de 60 años, lo cual trajo como consecuencia la reapropiación de la violencia por parte de las comunidades. Es decir, de los poderes locales que resurgen y cada vez demuestran mayor organización ante la ineficacia e ilegitimidad del Estado, evidente por la desidia, complicidad con la delincuencia y corrupción que invaden las instituciones, especialmente las de procuración de justicia. El Estado ya no garantiza ni la vida, ni la libertad, ni los bienes de los ciudadanos. Éstos deben organizar su propia defensa. Esto lo escribí en 2014, pero sigue siendo una realidad.

Cuando el Estado no hace lo que le corresponde y en lugar de combatir el delito se asocia con él; cuando la ciudadanía, al denunciar una agresión, tiene que perder el tiempo con números telefónicos de auxilio que nunca funcionan, con botones de pánico que no se activan, con cámara de vigilancia que no funcionan, con argumentos leguleyos, abogados chicaneros y jueces, magistrados y fiscales decididos a negociar con los delincuentes; cuando la corrupción se halla institucionalizada pues, se alienta la “justicia por propia mano”, sobre todo en las comunidades bien organizadas y mejor informadas.

PERO, ¿QUÉ ES UN LINCHAMIENTO?

En entrevista con Iztapalapa Hoy, el sociólogo Raúl Rodríguez Guillén, habla de esta práctica como una de las tres formas, anteriores al derecho positivo, con las que las comunidades buscan hacer justicia, además del vigilantismo y las policías comunitarias o autodefensas.

La principal característica del linchamiento es la espontaneidad, la gente se reúne instantáneamente y ejecuta contra el infractor la pena que más rápido le viene a la mente, generalmente golpes; en tanto, el vigilantismo conlleva un cierto grado de organización y se distingue por llevar a cabo ejecuciones semejantes a las de los juicios sumarios (decisiones a mano alzada sin oportunidad para que el presunto delincuente se defienda), pero al contrario de éstos que se llevan a cabo en plazas públicas, éstas se hacen a ocultas.

La creación de guardias comunitarias y autodefensas requiere de una gran cohesión comunitaria, necesitan ser aprobadas por la comunidad, su capital social, lo que les da legitimidad. No hacen nada sin que la comunidad lo mandate.

Casos de vigilantismo le dieron nombre a los juicios sumarios de que hablamos. Aunque tan antiguos como la humanidad, deben su nombre a un juez de Virginia, Estados Unidos, llamado Charles Lynch, quien permitió varias ejecuciones sin juicio previo. Una práctica común contra negros y abolicionistas en el vecino país del norte durante el siglo XIX.

En términos más precisos, los linchamientos son una relación social, considerando como linchamiento “toda acción colectiva de carácter público e ilegal, espontánea u organizada, que pretende para sí misma legitimidad y que ejerce violencia sobre la víctima en respuesta a actos o conductas de ésta, quien se halla en inferioridad numérica abrumadora frente a los linchadores”, como anota Leandro Gamallo en su tesis Crimen, castigo y violencia colectiva: los linchamientos en México en el siglo XXI.

ESTADO DÉBIL COMUNIDADES FUERTES

El monopolio de la violencia es un atributo inherente al Estado, éste le obliga a garantizar justicia y seguridad a la ciudadanía. Pero, en México, desde hace más de 30 años, el Estado ha cedido este monopolio a quienes han querido tomarlo: guardias privados, guardias vecinales, policías comunitarias y autodefensas, entre otras corporaciones extralegales o poderes fácticos.

Algo explicable sólo en Estados débiles como el mexicano, donde esta institución es endeble desde su formación.

El pasado indígena y colonial del país le dejaron como herencia un constructo legal fragmentado (derecho indígena, derecho positivo, etcétera) y marcado por cotos de poder locales, micro-Estados, que han mantenido disminuido el poder del Estado y hacen difícil la conformación de ciudadanía.

Luego, con la implantación del modelo neoliberal en los años 80 y la conveniencia, para el poder económico, de un Estado adelgazado, este comenzó a ceder espacios sociales y roles que le son inherentes, como el monopolio de la violencia. De ahí que, los poderes locales comenzaran a recuperar porciones de violencia, apunta Gamallo.

En este contexto, la práctica de los linchamientos, como acciones civiles autónomas que pretenden resolver problemas que el Estado ya no puede ni quiere encarar, no es extraña. Las comunidades comienzan a tomar el control en sus manos.